El presidente de Estados Unidos intensificó la presión sobre el gobierno de Venezuela con una advertencia pública que insta a aerolíneas, pilotos y redes criminales a considerar el espacio aéreo venezolano “cerrado por completo”. El mensaje, breve y sin precisiones operativas, se produce en un clima de alta tensión diplomática y militar entre Washington y Caracas.
Según fuentes oficiales, la advertencia llega tras comunicaciones directas entre los dos líderes y contactos de alto nivel que, aunque no han alcanzado acuerdos concretos, incluyen la posibilidad de conversaciones más amplias. Funcionarios estadounidenses han expresado que están dispuestos a dialogar si ello permite “salvar vidas”, postura que encontró eco en parte del gobierno venezolano.
La escalada también está ligada a medidas legales y operativas: a fines de noviembre se formalizó la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, una acusación que incluye a jerarcas del régimen y apunta al presunto vínculo entre autoridades venezolanas y redes de narcotráfico que operan hacia Estados Unidos y Europa. En paralelo, la Casa Blanca anunció que las fuerzas armadas estadounidenses iniciarán operaciones para detener por tierra a narcotraficantes venezolanos, medida que calificaron como “más sencilla” que las operaciones aéreas.
En el plano diplomático y económico, se informó sobre contactos discretos entre delegaciones que habrían incluido ofertas para participación en sectores petroleros y oportunidades de negocios como incentivo para una salida negociada. Fuentes diplomáticas indican que la condición de permanencia en el poder por parte del liderazgo venezolano fue un factor que frenó avances en conversaciones anteriores. A su vez, se habrían presentado propuestas encaminadas a recomponer canales de negociación con mediación de terceros.
La Casa Rosada sigue el proceso de cerca y, según fuentes gubernamentales argentinas, considera que la situación entra en una fase decisiva: Washington estaría buscando forzar una salida pactada que incluya la convocatoria a elecciones bajo supervisión internacional. En ese marco, se menciona un plan de varios puntos que ofrecería incentivos para una transición; si no prospera, la estrategia sería intensificar sanciones y presión.
El despliegue militar estadounidense en el Caribe es notable: un portaaviones, destructores, sistemas de misiles y más de 15.000 efectivos fueron posicionados en la región, junto a un cerco aéreo y marítimo que también afecta rutas desde y hacia partes de Colombia. Asimismo, se reportó el bloqueo a la llegada de al menos un petrolero vinculado a terceros internacionales.
A pesar de la fuerte presencia militar, fuentes oficiales estadounidenses aclaran que no existe por ahora un plan para una acción de captura o eliminación directa del presidente venezolano; la prioridad pública aparece orientada a operaciones contra redes narcotraficantes y a presionar por una salida política negociada que termine con el ciclo del chavismo.
El desenlace aún es incierto: analistas y diplomáticos evalúan que la opción más probable es un acuerdo forzado que incluya elecciones urgentes y una transición supervisada internacionalmente. Mientras tanto, la región sigue de cerca cada movimiento y los posibles efectos sobre migración, comercio petrolero y estabilidad política.





