El contrabando se consolidó como un problema estructural que afecta la competitividad de múltiples sectores de la economía argentina, golpea a los importadores que operan legalmente y erosiona la recaudación tributaria. Cámaras sectoriales reportan cifras alarmantes: más del 30% de los teléfonos móviles, 38% de textiles, indumentaria y calzado, y alrededor del 40% de las cervezas comercializadas en el AMBA provendrían del ingreso ilegal.

La Aduana informó que, en los primeros diez meses del año, incautó más de 3.464.572 unidades de diversa mercadería —desde indumentaria, calzado, alimentos y bebidas hasta electrónicos, celulares y autopartes— muchas sin avales ni documentación que garantice su origen. Entre los procedimientos destacados figuran el hallazgo de 20.000 celulares en un contenedor valuados en US$4 millones y el secuestro de unos 3.000 dispositivos tecnológicos por aproximadamente US$2,5 millones. En controles además se detectaron 25.000 unidades de cerveza y gaseosa en Misiones y 74.000 prendas deportivas apócrifas que podrían haber facturado US$11,2 millones.

Representantes industriales y cámaras especializadas señalan una multicausalidad: la reducción de la brecha cambiaria eliminó un freno de precio, la alta informalidad (cerca del 40% de la actividad económica), la apertura comercial y periodos de controles flexibles facilitaron la expansión de redes que no son solo “bagayeros” sino organizaciones con logística y capacidad financiera. Además, preocupa que productos incautados sean subastados y vuelvan a la cadena de comercialización, reingresando al mercado sin controles de calidad ni seguridad sanitaria.

El contrabando impacta directamente en la competitividad: productos ilegales compiten a precios imposibles de igualar para la industria local, reducen ventas de empresas formalizadas y generan evasión impositiva difícil de cuantificar. En el sector de electrónica, se detectaron hasta 40.000 activaciones semanales de celulares ingresados de manera irregular durante picos de consumo; los consumidores, en muchos casos, desconocen que adquieren mercadería de contrabando hasta que enfrentan problemas de garantía o servicio técnico.

Las rutas de entrada incluyen pasos fronterizos con Paraguay, Bolivia y Brasil, el circuito puerta a puerta desde stockistas internacionales y la comercialización por plataformas digitales. Industrias como la cervecera alertan sobre la imposibilidad de garantizar inocuidad y calidad de lo subastado; la mayoría de las cervezas ilegales provienen de Brasil y la devaluación en ese país facilitó precios de importación difíciles de competir.

Las autoridades y cámaras mantienen mesas de trabajo público-privadas y operativos conjuntos con objetivos duales: inteligencia y análisis de riesgo aduanero por un lado, y respuestas a los reclamos sectoriales por otro. Reivindicaciones recurrentes de los privados incluyen modificar la práctica de subastar bienes incautados (proponen donación o destrucción controlada), reforzar controles y ampliar sanciones. Desde la industria se plantea también la necesidad de mayor trazabilidad, controles preventivos, regulación específica para productos como vapeadores y campañas para que los consumidores verifiquen garantías y sellos de origen.

En síntesis, el volumen del comercio ilegal y su dispersión por múltiples rubros convierten al contrabando en un problema que trasciende el comercio fronterizo tradicional: erosiona la recaudación, aumenta la informalidad, amenaza puestos de trabajo en sectores formales y plantea riesgos sanitarios y de seguridad del consumidor. Las medidas en curso apuntan a endurecer controles, mejorar la cooperación entre organismos y privados y revisar prácticas como la subasta de mercadería incautada para frenar el reingreso de productos al mercado formal.