En el marco del conflicto abierto en la AFA por la entrega de una copa cuestionada a Rosario Central y la posterior sanción a Estudiantes y su presidente Juan Sebastián Verón, el Gobierno nacional definió una estrategia de desgaste contra Claudio “Chiqui” Tapia, sin recurrir a medidas que puedan afectar el funcionamiento de la entidad ni la continuidad de la Selección argentina. La Casa Rosada sigue de cerca el escándalo y optó por acorralar públicamente al titular de la AFA: exponer irregularidades, apoyar a los damnificados y promover investigaciones desde el ámbito legislativo y administrativo, pero manteniendo prudencia para evitar la intromisión directa que prohíbe la normativa FIFA.

Fuentes oficiales señalaron que la estrategia se basó en mediciones de opinión que mostraron una imagen pública muy negativa de Tapia —con apenas alrededor del 20% de valoración positiva y porcentajes altos que lo asocian a corrupción— datos que se hicieron llegar a asesores del Gobierno. En paralelo, el presidente Javier Milei canceló su viaje a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026 y realizó gestos públicos de apoyo a Estudiantes mediante publicaciones y fotografías alusivas al club. La decisión, según el oficialismo, buscó expresar rechazo hacia las decisiones de la AFA sin provocar un choque institucional con la FIFA ni poner en riesgo a la Selección.

La senadora Patricia Bullrich anunció que impulsará indagaciones desde el Senado para estudiar la transparencia de la asociación civil, y conformó equipos de trabajo que incluyen especialistas y personal que ya investigó irregularidades desde la División Eventos Deportivos del Ministerio de Seguridad. Además, apuntaron al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, como una figura en la mira.

Desde el Ejecutivo admiten límites prácticos: mientras los clubes y asociados no promuevan cambios internos en la AFA, el Gobierno no puede intervenir formalmente. Por eso prevalece la palabra clave “prudencia”: actuar con herramientas legales y políticas sin vulnerar las reglas de la FIFA ni generar sanciones que afecten a la Selección Argentina, actual campeona del mundo y con la vista puesta en el Mundial 2026.

En síntesis, la estrategia oficial combina presión pública, respaldo a los clubes afectados y trabajo legislativo para investigar presuntas irregularidades, todo dentro de un marco de precaución para evitar consecuencias internacionales y preservar el rendimiento y la participación de la Selección en torneos futuros.