El contrabando se consolidó como un problema estructural para la economía argentina, con efectos directos sobre la industria local, los importadores que cumplen la normativa y la recaudación fiscal. Cámaras sectoriales advierten que, en rubros específicos, la ilegalidad alcanza magnitudes alarmantes: más del 30% del mercado de teléfonos móviles, 38% en textiles, indumentaria y calzado, y hasta 40% de los comercios relevados en el AMBA venden alguna marca de cerveza ingresada de manera ilegal.
Las cifras oficiales de la Aduana registran decenas de procedimientos y decomisos: en los primeros diez meses del año se secuestraron más de 3.4 millones de unidades de distintas mercaderías (indumentaria, calzado, alimentos y bebidas, electrónica, celulares, repuestos, entre otros). Operativos puntuales detectaron contenedores con miles de teléfonos valorizados en millones de dólares, locales con miles de dispositivos y cargas de indumentaria apócrifa por decenas de miles de piezas. Además, controles en camiones y depósitos secuestraron grandes cantidades de cerveza y gaseosas.
Las cámaras apuntan a múltiples causas: la reducción de la brecha cambiaria que antes representaba una barrera de precio, la elevada informalidad económica cercana al 40%, la apertura comercial y periodos con controles más flexibles. El resultado es una logística criminal y organizaciones dedicadas al contrabando, que no se limitan a bagayeros: trasladar grandes volúmenes requiere estructura financiera y logística.
Otro factor crítico es la redistribución de lo incautado: la subasta de mercaderías decomisadas facilita que esos productos vuelvan al mercado sin garantías de calidad ni trazabilidad. Las industrias remarcan el riesgo sanitario y de seguridad para el consumidor, especialmente en bebidas, electrónicos y vapeadores, cuyo comercio está prohibido o regulado. Además, la competencia desleal erosiona la competitividad de firmas que cumplen con impuestos y normas laborales.
Sectores como electrónica y telefonía alertan sobre activaciones masivas de dispositivos ingresados fuera de los canales legales; la industria local recomienda verificar sellos de producción nacional, garantía y servicio técnico. En textil y calzado, la llegada de fardos y la reventa por kilo alimentan una oferta de bajo precio que compite de manera injusta con la producción nacional. En juguetes y otros bienes, controles detectaron volúmenes ilícitos que podrían haber sido comercializados por millones de dólares.
Frente a la magnitud del fenómeno, existen mesas de trabajo público-privadas y operativos coordinados entre cámaras y autoridades aduaneras y de seguridad. Las acciones combinan análisis de riesgo, investigaciones y operativos focalizados, pero las entidades privadas piden medidas adicionales: impedir que lo incautado retorne al circuito comercial, endurecer sanciones y reforzar controles en pasos fronterizos y plataformas digitales.
El contrabando no solo implica pérdidas de mercado para productores y comerciantes formales, sino también un efecto negativo en la recaudación fiscal y en la formalidad del trabajo. Las fuentes del sector recomiendan políticas integrales que combinen control aduanero, fiscal, judicial y cooperación internacional para desalentar cadenas de ingreso y distribución que hoy operan con creciente sofisticación.
En resumen, el contrabando afecta múltiples eslabones de la economía argentina: desde la salud de industrias clave hasta la protección del consumidor y la recaudación estatal. Las cifras actuales y la magnitud de los decomisos ponen de manifiesto la necesidad de intensificar controles y revisar políticas sobre la gestión de bienes incautados para evitar la reincidencia del problema.
