El Gobierno nacional definió una estrategia para acorralar políticamente a Claudio “Chiqui” Tapia tras el conflicto interno en la AFA, pero evita medidas directas que puedan provocar la intervención de la entidad o sanciones de la FIFA que afecten a la Selección Argentina. La decisión oficial es combinar presión pública y judicializable con prudencia institucional.

La crisis estalló a raíz de una controvertida entrega de una copa a Rosario Central que desencadenó una escalada de reclamos, la reacción de clubes como Estudiantes de La Plata y sanciones internas que encendieron la polémica. En respuesta, el Ejecutivo decidió exhibir los presuntos desmanejos y relanzar la agenda sobre transparencia en la asociación, sin avanzar en medidas que puedan interpretarse como intromisión estatal en la organización del fútbol.

En las oficinas oficiales se monitoreó de cerca la percepción pública: encuestas internas muestran una imagen muy deteriorada de la conducción de la AFA. Según sondeos citados por el Gobierno, apenas un 20% mantiene una opinión positiva de Tapia, mientras que alrededor del 50% lo valora negativamente y un 55% lo percibe vinculado a actos de corrupción. Esos datos alimentaron la decisión política de exhibir y profundizar críticas, sin romper el margen de maniobra legal.

El presidente de la Nación adoptó gestos públicos que posicionan al Ejecutivo del lado de las instituciones afectadas por las sanciones internas, entre ellas Estudiantes. El líder del Gobierno canceló un viaje previsto a Estados Unidos para el sorteo del Mundial 2026 y difundió imágenes públicas en apoyo al club platense, movimientos interpretados como señales políticas y simbólicas en medio del conflicto.

En el ámbito legislativo, la senadora Patricia Bullrich anticipó que impulsará investigaciones desde el Senado para analizar la transparencia y la gestión de la AFA. Bullrich conformó un equipo técnico para revisar las irregularidades denunciadas y estudia alternativas legales, incluyendo la posibilidad de auditar el manejo económico y administrativo de la entidad. Uno de los nombres en la mira de las pesquisas es el del tesorero de la AFA.

Fuentes del oficialismo subrayan que la palabra clave es “prudencia”: la FIFA tiene regulaciones estrictas sobre injerencias gubernamentales en asociaciones de fútbol, y cualquier medida que sobrepase el marco legal podría derivar en sanciones que impacten directamente en la Selección Argentina, especialmente con el Mundial 2026 en el horizonte. El vínculo entre la cúpula de la AFA y figuras del plantel nacional, incluida la relación personal entre Tapia y referentes del equipo, complica aún más la toma de decisiones drásticas.

La estrategia oficial combina exposición pública de irregularidades, presión política y el impulso de investigaciones con alcance formal, buscando obtener herramientas para actuar sin llegar a la intervención directa. Los voceros gubernamentales insisten en que la acción dependerá en gran medida de los pasos que den los propios asociados de la AFA: mientras la conducción interna no avance en cambios, las posibilidades de medidas externas son limitadas por el marco jurídico.

El conflicto tiene además una fuerte dimensión simbólica y militante: los gestos del Gobierno y las reacciones de dirigentes políticos buscan capitalizar el rechazo social hacia la conducción de la AFA, mientras se intenta preservar la normalidad institucional del fútbol nacional y evitar repercusiones internacionales.

En los próximos días se prevé un cruce entre la investigación legislativa anunciada y el seguimiento de cualquier movimiento interno en la AFA. El Ejecutivo evaluará canales judiciales y administrativos para profundizar el escrutinio, siempre con la cautela impuesta por las reglas de la FIFA y la prioridad declarada de no poner en riesgo la participación y el normal funcionamiento de la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.