La reforma laboral propuesta por el Gobierno volvió al centro de la agenda política y económica en medio de fuertes expectativas y escaso consenso entre empresas, gremios y el Poder Legislativo. El objetivo declarado del proyecto es reducir la informalidad laboral —que según los últimos datos oficiales afecta al 43,2% de los trabajadores— y mejorar la competitividad del sector productivo argentino.
A contrarreloj, las autoridades convocaron al llamado Consejo de Mayo, donde participan representantes del Ejecutivo, el Congreso, las empresas y los sindicatos. Se espera que el borrador final esté disponible la semana próxima, antes del inicio de las sesiones extraordinarias, momento en el que el Ejecutivo buscará debatir la reforma junto a otras iniciativas prioritarias.
El tramo empresarial ya posicionó sus prioridades: grandes compañías que juntas emplean cientos de miles de trabajadores (entre ellas fabricantes, supermercados, compañías de tecnología, salud privada y bancos) reclaman medidas que reduzcan la litigiosidad laboral, acoten costos de salida, permitan mayor flexibilidad productiva y faciliten la registración. Para esos grupos, modernizar un marco laboral con décadas de vigencia es clave para atraer inversiones y competir regionalmente.
Los líderes industriales enfatizan tres ejes centrales: 1) menor litigiosidad y reglas previsibles que eviten interpretaciones judiciales contrapuestas; 2) mecanismos de flexibilización como el banco de horas, salarios dinámicos vinculados al rendimiento de la empresa y acuerdos homologados; y 3) reducción de costos laborales de manera que se incentive la contratación formal. Desde sectores como la industria del acero, alimentos, tecnología y salud se reclama además una política industrial coherente y medidas complementarias en materia tributaria, logística e infraestructura.
Entre las preocupaciones empresarias figura la magnitud de los juicios por accidentes laborales y las distorsiones del sistema de riesgos del trabajo: en el actual contexto se proyecta un récord en demandas que, según actores del mercado, dificulta la sustentabilidad del esquema y la previsibilidad para empleadores. Empresarios de la salud y representantes de aseguradoras advierten sobre la necesidad de ordenar el sistema para que no siga funcionando como un incentivo a la judicialización.
Desde la perspectiva sindical y legislativa, la posibilidad de que la nueva normativa avance sin un acuerdo amplio genera reservas. Se anticipa que no habrá un proyecto único y consensuado, lo que abrirá la puerta a intensa tarea de lobby, múltiples propuestas alternativas y eventuales desafíos judiciales una vez aprobada la ley. El borrador en discusión plantea modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo: redefine registración, beneficios sociales, regímenes contractuales e indemnizaciones; introduce regulaciones específicas para plataformas tecnológicas y profesiones liberales; mantiene la irrenunciabilidad de derechos pero exige homologación judicial o administrativa para acuerdos entre partes; y contempla la posibilidad de acumular antigüedad con períodos sucesivos.
Las empresas que más empleados contratan ven oportunidades y riesgos. Algunas propuestas empresarias incluyen acotar la indemnización de salida, incorporar el salario dinámico, agilizar la contratación y formalizar empleo no registrado. Otros sectores señalan que ciertas herramientas (por ejemplo, el banco de horas) resultan más útiles para la industria que para el comercio o supermercados, que demandan además reglas claras sobre integración de beneficios sociales y alternativas fiscales para incentivar contrataciones.
El debate también enfrenta tensiones políticas: las posiciones de la central industrial y de grandes grupos empresarios no siempre coinciden con otras cámaras o con fracciones sindicales. Además, la reforma es uno de los ejes prioritarios del espacio oficialista, por lo que su avance servirá como termómetro de la capacidad del Gobierno para ensamblar mayorías en el Congreso.
En síntesis, la iniciativa busca modernizar un marco laboral que sus promotores consideran desactualizado y responsable de altos niveles de informalidad, mientras que empresarios piden reglas claras, reducción de litigios y flexibilidad para aumentar la productividad. Gremios y sectores críticos alertan sobre posibles retrocesos en derechos si la discusión no se acompaña de consensos. El próximo paso será la presentación del texto definitivo y el inicio del debate legislativo en sesiones extraordinarias, que pondrá a prueba alianzas y negociaciones en torno a una de las reformas más relevantes para el mercado laboral argentino.
Palabras clave: reforma laboral, empleo formal, informalidad, Mendoza, Consejo de Mayo, UIA, Techint, Mercado Libre, Arcor, Newsan, litigiosidad, banco de horas, indemnización, salarios dinámicos, Congreso, sesiones extraordinarias.
