El decreto 812/2025, firmado el 18 de noviembre, modificó las atribuciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) y eliminó herramientas claves de regulación, entre ellas la facultad de fijar un precio mínimo al inicio de cada cosecha y restricciones en el calendario de cosecha. La medida forma parte de una serie de cambios iniciados con el decreto 70/2023 y sucesivos recortes presupuestarios que, según especialistas y datos sectoriales, dejaron al complejo yerbatero más expuesto a la presión de la industria y a la competencia externa.

Antes de la modificación, el precio mínimo establecido por el Instituto protegía a los pequeños productores frente al poder concentrado de las empresas molineras. Con la desregulación, las industrias yerbateras pueden pagar valores por debajo del costo de producción, provocando una fuerte volatilidad en el precio recibido por los productores. Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 el valor por kilogramo de hoja verde se mantuvo congelado; aunque hubo un repunte tras movilizaciones en mayo, entre junio y octubre de 2025 el precio mínimo pagado estuvo un 8% por debajo del nivel de mayo de 2025.

El impacto ya se refleja en la producción: en los primeros nueve meses de 2025 se observó una retracción del 10,3% respecto a 2024, atribuida principalmente a la pérdida de rentabilidad de los productores. El complejo yerbatero está concentrado en las provincias de Misiones y Corrientes, donde operan entre 12.000 y 12.500 pequeños productores; a nivel nacional hay alrededor de 228 secaderos registrados y 105 industrias molineras y fraccionadoras. La industria está altamente concentrada: las diez principales empresas concentran el 75% del mercado y las tres más grandes acaparan cerca del 47%, lo que amplifica la capacidad de esas firmas para presionar precios a la baja.

Otro efecto relevante es la mayor competencia de importaciones: en 2024 las importaciones de yerba mate procedentes de países vecinos alcanzaron 11,9 millones de kilogramos, un incremento del 80,1% respecto a 2023, según datos oficiales. Además, la liberalización del calendario de cosecha permite recolecciones continuas, una práctica que especialistas advierten puede deteriorar la calidad de la hoja y dañar la regeneración de los yerbales.

Las consecuencias sociales y económicas son palpables: productores ya decidieron suspender el inicio de la cosecha de verano en protesta y advierten sobre un escenario de mayor concentración de ventas y riqueza en pocas empresas. Con una industria en crisis y movilizada, el Ejecutivo no ha detallado una hoja de ruta para el sector ni medidas compensatorias. En el terreno productivo, la combinación de precios bajos, mayor importación y ausencia de regulación efectiva plantea riesgos de desincentivo a la producción, pérdida de empleos rurales y deterioro de la calidad del producto.

En síntesis, la desregulación impulsada por el último decreto profundiza una dinámica de mayor concentración industrial y menor protección para los pequeños productores de yerba mate, con impactos inmediatos sobre precios, producción y calidad, y con potenciales consecuencias sociales y territoriales en las zonas productoras de Misiones y Corrientes.