Javier Milei impulsa un plan capaz de transformar el mapa político y económico de la Argentina: una reforma integral que, si prospera en el Congreso, podría debilitar el núcleo histórico del peronismo. El proyecto combina una reforma laboral de gran alcance, privatizaciones, reducción del aparato estatal, apertura comercial alineada con Estados Unidos y un modelo de crecimiento basado en inversión en minería e hidrocarburos.

La estrategia política se apoya en una operación pragmática: negociar con peronistas provinciales y dirigentes locales para armar mayorías móviles. Legisladores que pertenecieron a otras fuerzas comenzaron a migrar hacia bloques afines al gobierno, con el objetivo de dominar comisiones clave en la Cámara de Diputados y acelerar la agenda. Gobernadores con base territorial peronista aceptan acuerdos que mezclan fondos y paz social a cambio de apoyos legislativos, lo que debilita la cohesión del justicialismo a nivel nacional.

El peronismo enfrenta una crisis de liderazgo y unidad tras derrotas electorales consecutivas. Sectores internos discuten culpas y estrategias sin ofrecer una respuesta clara para recuperar identidad y conexión con sus votantes. La figura de Cristina Kirchner sigue siendo central pero inhabilitada políticamente, y la disputa entre dirigentes provinciales, el massismo y La Cámpora evidencia una falta de renovación política que complica la reconstrucción del espacio.

En la provincia de Buenos Aires la situación es un termómetro: la derrota electoral y la imposibilidad de aprobar endeudamiento anticipan ajustes que tensionan a intendentes y equipos provinciales. Milei optó por no ayudar públicamente a gobiernos opositores, buscando forzar efectos políticos del ajuste y consolidar su narrativa contra el “estatismo”.

El plan económico del Gobierno descansa en señales de apertura que ya muestran tensiones: actividad industrial y construcción en caída, sin recomposición del salario real y con el ajuste de subsidios listo para impactar. La decisión de no recomprar reservas y anclar la política cambiaria en una estrategia de desinflación deja al país expuesto al humor de los mercados y a la dependencia de financiamiento externo.

En el Senado y la Cámara de Diputados el oficialismo trabaja para reorganizar bloques y poder designar jueces y cargos institucionales sin depender del kirchnerismo. La presencia de figuras clave en la estrategia parlamentaria y la negociación con gobernadores buscan fragmentar al justicialismo en subbloques autónomos. El objetivo político mayor: avanzar hacia lo que algunos definen como un escenario posperonista.

El Gobierno se muestra optimista, pero persisten riesgos: la disposición social frente a despidos, ajustes salariales y la pérdida de instrumentos de protección social. La reforma laboral también tiene un componente simbólico: reducir el poder sindical y modificar las relaciones laborales, aunque el texto definitivo permanece bajo reserva.

El éxito de la agenda dependerá tanto de la capacidad de chorear mayorías legislativas como del contexto económico. Con indicadores débiles en industria y construcción y sin señales claras de recuperación salarial, la puesta en marcha del plan enfrenta el reto de equilibrar reformas profundas con la gestión del impacto social. En suma, la apuesta del mileísmo combina ingeniería política y reformas de alto impacto en un país que podría quedar en un punto de inflexión frente a décadas de hegemonía peronista.