En los primeros 24 meses del gobierno de Javier Milei la evolución de las jubilaciones mostró ganadores y perdedores: cerca de un tercio de los jubilados que accedieron al sistema por cumplir aportes y edad mejoró su ingreso real, mientras que quienes ingresaron por moratorias o planes para adultos mayores sin historia laboral registraron un deterioro.
Contexto económico y decisiones de política Desde diciembre de 2023, con una inflación mensual de 25,5%, el Gobierno aplicó una política monetaria contractiva y buscó recuperar el superávit fiscal como ejes para no seguir erosionando el poder de compra de jubilados y fortalecer asignaciones familiares. En marzo de 2024 se suspendió la Ley de Movilidad mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 70 y se instauraron aumentos mensuales basados en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses antes, con ajustes que desde abril de 2024 en muchos casos superaron la variación del IPC del período de percepción.
Impacto en haberes mínimos y complementos Durante la gestión previa, la jubilación mínima había recibido un suplemento que llegó a representar 52% del haber. Con el nuevo gobierno ese suplemento se actualizó en marzo de 2024 de $55.000 a $70.000 manteniendo la relación del 52%, pero tras quedar congelado perdió relevancia hasta representar apenas 21% del haber. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025, los beneficiarios de la mínima con el suplemento de $70.000 tuvieron un aumento nominal acumulado de 224,4%, frente a una inflación acumulada de 248,6%, lo que implicó una pérdida de poder adquisitivo de 6,9%.
Quiénes recuperaron y quiénes perdieron Los haberes superiores al mínimo —percibidos por quienes cumplieron 30 años de aportes y la edad reglamentaria— obtuvieron ajustes acumulados de 281,7% y recuperaron 9,5% de poder adquisitivo en el mismo período. El incremento ponderado para el conjunto de jubilados y pensionados fue apenas del 1,3% en el bienio, con marcadas diferencias entre escalas y modalidades de acceso.
Comparación con la administración anterior Durante la presidencia anterior los haberes previsionales sufrieron retrocesos reales significativos: la mínima con bono cayó 6,6% y el resto de las escalas perdió 34,4%, con una pérdida promedio ponderada del 22,9% entre extremos. El nuevo gobierno sostiene que la brecha acumulada solo podrá cerrarse mediante una reforma previsional y laboral que fomente la formalidad y reduzca el déficit estructural del sistema.
Efecto de las moratorias y sostenibilidad del sistema Las moratorias aplicadas en años previos aumentaron la cantidad de jubilados y pensionados de 3,3 millones a 6,9 millones, mientras que los aportantes crecieron de 8,7 millones a 12,7 millones. La relación aportantes por beneficiario cayó de 2,6 en 2006 a alrededor de 1,7 en la actualidad, lejos del mínimo necesario de tres trabajadores activos por cada beneficiario para sostener un haber equivalente al 82% del ingreso promedio.
Presupuesto y dinámica de pago Tras la crisis de 2020 y la aceleración inflacionaria, el gasto previsional real llegó a caer 30% en un trimestre. La mejora de la actividad económica y la desinflación permitieron que en octubre de 2025 el pago de jubilaciones y pensiones superara en 9,5% el de noviembre de 2023, impulsado por la aceleración en el pago de sentencias judiciales por parte del organismo previsional y por el crecimiento vegetativo de haberes por encima del promedio.
Conclusión A dos años de gestión, las medidas aplicadas modificaron la distribución del poder adquisitivo entre jubilados: algunos segmentos recuperaron terreno, otros siguen perdiendo poder de compra y la brecha heredada de años previos persiste. La discusión pública y política se concentra ahora en la necesidad de reformas estructurales del sistema previsional y del mercado laboral para garantizar sustentabilidad y recomponer los haberes en el largo plazo.
